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Boletín de noticias 10 de abril de 2012
EL TIEMPO
FALLO REVIVE MILLONARIA DEUDA DEL ESTADO CON CÚPULA DE RAMA JUDICIAL
Sala Plena del Consejo de Estado, cuya sala de conjueces revivió 'culebra' que va en $1,3 billones.
Conjueces del Consejo de Estado tumbaron decreto que disminuía en 10 por ciento una bonificación.
Una decisión de una sala de conjueces del Consejo de Estado revivió para la Nación una 'culebra' que ya va en 1,3 billones de pesos por concepto de bonificaciones para magistrados de tribunales y procuradores y fiscales delegados.
Ese es el dinero que tendrá que pagar el Gobierno tras caerse el decreto 4040 del 2004, con el que el gobierno del presidente Álvaro Uribe pretendió ponerles freno a demandas que venían desde 1998 y que en ese momento bordeaban los 500 mil millones de pesos.
El decreto original, firmado por el expresidente Ernesto Samper en medio de un paro judicial, dio a esos altos funcionarios de la Rama una bonificación mensual del 80 por ciento sobre el sueldo que recibían, para empezar a nivelar sus salarios con los de los magistrados de las altas cortes.
El decreto que se cayó bajaba la bonificación del 80 al 70 por ciento. Fue producto de una conciliación entre el Gobierno y los funcionarios que venían demandando al Estado por el incumplimiento de los pagos acordados con el gobierno Samper. (Lea también: Fallo de Judicatura frenó cientos de investigaciones: Contralora)
Los conjueces de la Sala Segunda del Consejo de Estado consideraron que ese arreglo era discriminatorio y que por lo tanto quedaba vigente la norma anterior. Es decir, la prima del 80 por ciento.
"Se afectó el derecho a la igualdad entre funcionarios del mismo nivel o rango sin justificación alguna y (se) dejó de lado la protección que el Estado debe brindarles a los trabajadores", dice el fallo, que fue en contra de la posición expresada por la Procuraduría y el Gobierno frente a la demanda.
El impacto de la determinación, que ya quedó en firme, es grande porque los beneficiados pueden aplicar el reajuste para pago de pensiones y recobran el derecho a demandar por las deudas anteriores al 2004.
Según cálculos del Ministerio de Hacienda, esos pagos en total le costarán a la Nación 1,3 billones de pesos en los próximos años.
Aunque el fallo tiene fecha del 14 de diciembre del 2011, entró en vigencia hasta hace 20 días después de haber sido notificada a las partes.
En su momento, los jueces y empleados de la Rama Judicial protestaron contra el decreto, pues sus beneficios solo cobijaron a la parte más alta de la Rama Judicial (excepto magistrados titulares de las altas cortes).
Esa situación provocó hace dos años uno de los paros judiciales más críticos que ha tenido el país. Más de 40 mil servidores de la Justicia que hacían parte de Asonal Judicial se declararon en cese de actividades durante más de un mes exigiendo una nivelación salarial similar a la otorgada a los magistrados.
Beneficios pensionales
El mayor impacto de la caída del decreto del 2004 se verá en el sistema general de pensiones. Automáticamente, los funcionarios beneficiados tienen un reajuste en su sueldo, y en la Rama Judicial existe la posibilidad de jubilarse con el mejor salario del último año, sin importar el monto de los aportes.
FALLO DE JUDICATURA FRENÓ CIENTOS DE INVESTIGACIONES: CONTRALORA
Quedarían en vilo investigaciones fiscales como Agro Ingreso Seguro o la crisis de la Salud.
Centenares de investigaciones de la Contraloría por supuestos detrimentos patrimoniales contra la Nación quedaron en el congelador desde este lunes, como consecuencia del polémico fallo de la Judicatura que envió a la Comisión de Acusación de la Cámara el proceso fiscal por el 'carrusel' de pensiones en la justicia.
La contralora Sandra Morelli le pidió a la Judicatura que aclare en una nueva providencia los alcances del fallo de la Sala de Conjueces, "teniendo en cuenta que al tenor literal del mismo podría inferirse que también la Contraloría General de la República usurparía competencias al ejercer funciones de control fiscal y procesos a los siguientes servidores públicos: Ministros, Directores de Departamentos Administrativos, Embajadores, Gobernadores y Procurador General".
En la práctica, esto significa que quedan en vilo investigaciones fiscales como las de Agro Ingreso Seguro, la crisis de la Salud o el manejo de la plata de la emergencia invernal, pues muchos de los funcionarios afectados tienen fuero.
Los conjueces consideraron que el fuero que protege a los magistrados en materia penal y disciplinaria se extendía también a lo fiscal, y por eso ordenaron que la Contraloría, que incluso había decretado embargos, se apartara de las investigaciones por el llamado 'carrusel' de las pensiones, mediante el cual personas que fueron nombradas por meses o semanas en la Sala Disciplinaria de la Judicatura lograron multiplicar sus pensiones hasta por cuatro.
EL ESPECTADOR
COMISIÓN DE ACUSACIONES QUEDARÍA A CARGO
Contraloría suspende investigaciones contra funcionarios con fuero
Ministros, embajadores y altos funcionarios investigados resultarán favorecidos.
La contralora general de la República, en atención al fallo proferido por los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, suspendió los procesos contra funcionarios con fuero.
La determinación favorecerá a los exministros Andrés Felipe Arias, Andrés Uriel Gallego, Diego Palacio y Andrés Fernández, así como al exgobernador Luis Alfredo Ramos, entre otros funcionarios.
Según la Contraloría, investigar a personas con fuero "usurparía competencias al ejercer funciones de control fiscal y procesos a los siguientes servidores públicos: ministros, directores de departamentos administrativos, embajadores, gobernadores, procurador general, defensor del Pueblo".
Morelli suspendió todos los procesos contra funcionarios con fuero constitucional por cuenta del fallo, emitido el 30 de marzo, que le quitó la potestad de investigar y sancionar a los magistrados de las altas cortes involucrados en la investigación del llamado carrusel de las pensiones.
La decisión afectaría la facultad de la Contraloría de emitir conceptos sobre el Balance General de la Nación, que es administrado por funcionarios con fuero. Así las cosas, la contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, ha dado orden a todos los funcionarios de la entidad de abstenerse de producir declaraciones sobre cualquier proceso que se adelante en la entidad en estos momentos y que tenga relación con los aforados constitucionales.
CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ EXEQUIBLE EL CÓDIGO PENAL MILITAR
El alto tribunal consideró que no se presentaron irregularidades en el trámite en el debate en el Senado.
Al considerar que se cumplieron todos los trámites legales y reglamentarios, la Corte Constitucional declaró exequible Código Penal Militar, el cual había sido demandado porque supuestamente faltó el trámite en el debate en el Congreso de la República.
El alto tribunal señaló que la presentación y debate en el Senado del proyecto de ley cumplió con todos los requisitos exigidos, rechazando los argumentos presentados por la demanda.
“(Se) cumplieron todos los trámites constitucionales, legales y reglamentarias relacionados con la oportunidad del debate, en particular, la presentación con debida antelación, al comienzo del debate, del informe de ponencia y del pliego de modificaciones, dando oportunidad a que los senadores conocieran la propuesta del articulado a discutir", precisó.
La Corte Constitucional verificó que la discusión en torno al proyecto de ley giró en torno a temas como la financiación y de la conveniencia del mismo y que en cada uno de los debates no hubo vicio alguno.
La Corporación no presentó ninguna decisión sobre los cargos de falta de publicidad y de quórum "por falta de suficiencia y claridad en la fundamentación de la demanda".
MACROLINGOTES
Por: Óscar Alarcón
Conocí a Juan Carlos Henao cuando era él era estudiante primíparo, y yo, primíparo en la cátedra de derecho público, ambos en el Externado.
Desde entonces tenía una particular atracción por los pensadores de ciencia política, y se convirtió en uno de los alumnos predilectos, no sólo del rector Fernando Hinestrosa, sino también de Manuel Gaona. Concluidos sus estudios de pregrado viajó a Francia con su mujer, la pintora barranquillera Vicky Neumann. Su proyecto era estar un par de años y especializarse, pero se prolongó por varios años más. Estudió diversas disciplinas, desde Rousseau hasta derecho constitucional y responsabilidad extracontractual del Estado, en lo cual es una autoridad en el país.
Con él compartí el dolor de la muerte de los magistrados del Palacio de Justicia, y especialmente de Manuel Gaona, amigo en común. Frente a esa tragedia y ante el dolor de que las nuevas generaciones ignoraran lo que significó este profesor y magistrado, nos dimos a la tarea de recoger el pensamiento de tan gran maestro. Henao con Rodrigo Uprimmy, Jaime Orlando Santofimio y Roberto Burgos hicieron realidad ese proyecto, que quedó concretado en dos tomos que publicó la Superintendencia de Notariado y Registro, entonces a mi cargo.
Hoy, el inquieto estudiante de los años ochenta se convierte en el heredero natural de Fernando Hinestrosa en la rectoría de la Universidad Externado de Colombia. Parece que el mismo maestro, recientemente fallecido, hubiera hecho la escogencia, porque él se había convertido en su alumno aventajado, en el heredero de ese liberalismo contestatario del siglo XXI, en su compañero de caminatas por el boulevard Montparnasse o por el jardín de Luxemburgo, como también por los cerros sabaneros de Bogotá.
Lástima por la Corte Constitucional que pierde a uno de los mejores exponentes del nuevo derecho. Bien por el Externado, que lo gana.
ESTOY AQUÍ, PUDIENDO ESTAR EN IBIZA
Por: Paloma Valencia Laserna
Hay una estirpe de colombianos que llegan al sector público en un sentido acto de renuncia; dejan un ilusorio porvenir para cumplir un mandato moral que los compele a servir a la Patria.
Esa renunciación -según ellos mismos- los dota de una superioridad frente a los demás servidores públicos, pues su causa es generosa, no hay interés en el sueldo, ni buscan apropiarse del erario. Vienen además del sector privado, lo que es una señal que los aleja de toda corrupción. Son, pues, la encarnación misma del altruismo.
Supondrán, tal vez, que todos los demás servidores públicos están ahí sin esa perspectiva, y otros más vehementes tacharán al resto con una horda de fracasados o de hampones. Esa reducción en los términos desconoce las realidades propias del sector público. Si bien hay ciertos especímenes corruptos y vagos, hay también todo un ejército de héroes anónimos que con malos sueldos cumplen con pasión sus funciones. En Parques Nacionales hay historias increíbles de directores que luchan contra las mafias de tráfico de madera, y tanto ellos como sus familias son perseguidos por el territorio nacional, lo que no debilita su espíritu de lucha. Anécdotas de funcionarios medios presionando grandes empresas para que cumplan con la normatividad, en batallas que se parecen a la de David contra Goliat. Gestores sociales que arriesgan sus vidas para salvar niños. En general, Colombia tienen funcionarios públicos comprometidos, amantes de lo que hacen y que buscan reconocimientos antes que dividendos. Desafortunadamente, la notoriedad que alcanzan sus actos es escasa o nula. Así que los colombianos nos vamos convenciendo de que todos los funcionarios del sector público se parecen más a los que llegan a los noticieros con prontuarios judiciales.
Esa misma generalización tienen nuestros altruistas, y paradójicamente son muchos de estos funcionarios quienes obtienen peores resultados. Dada la proliferación de "altruistas", conviene analizar por qué, a pesar de sus buenas intensiones, no logran culminar con éxito sus tareas. La primera explicación es que al menospreciar al resto de los funcionarios, son incapaces de entender su funcionamiento. Los "altruistas" se comportan como si siguieran en el sector privado; dan órdenes a la espera de obtener resultados. En el sector privado los que no cumplen son despedidos, de manera que los subalternos trabajan siempre con esa presión; en el sector público, el sistema de carrera elimina esa tensión; la gente no puede ser despedida fácilmente, así que la persuasión, el seguimiento y la micro-administración son piezas claves para la gestión.
Además, la vanidad personal que los acompaña les impide adaptarse a las realidades concretas de la estructura estatal. Los procesos de contratación, las demoras en la toma de decisiones, las dilaciones de los trámites se interpretan como trabas y pretenden imponer una accionar que no es propio del Estado. Por supuesto que es necesario reformar la tramitomanía estatal y hacer una leyes de contratación pública capaz de atender a los requerimientos de una época que va más rápido.
Lo cierto, es que nuestros altruistas son como casi todos los funcionarios públicos personas que encuentran en lo público el atractivo de poder impactar las masas, y transformar las realidades sociales. Pero aquella pretensión de superioridad con la que actúan desfigura el servicio público, y convierte, en ocasiones, los programas sociales del Estado en filantropía. Es importante que el país conozca las virtudes de los servidores públicos, reconozca sus esfuerzos e incentive las buenas prácticas.
EL NUEVO SIGLO
RESUCITA MILLONARIA DEUDA A LA RAMA JUDICIAL
Un fallo del Consejo de Estado revivió una deuda que asciende a 1,3 billones de pesos por concepto de bonificaciones para magistrados de tribunales, procuradores y fiscales delegados.
La sala de conjueces del Consejo de Estado determinó que el Gobierno deberá cancelar ese dinero tras caerse el decreto 4040 del 2004, el cual pretendía ponerle freno a demandas que venían desde 1998 en el gobierno de Álvaro Uribe.
El decreto firmado por el ex presidente Ernesto Samper en medio de un paro judicial, dio a esos altos funcionarios de la Rama una bonificación mensual del 80 por ciento sobre el sueldo que recibían, sin embargo se llegó a una conciliación donde se bajaba la bonificación del 80 al 70%.
Los conjueces consideraron que ese arreglo era discriminatorio por lo tanto quedaba vigente la norma anterior del 80%.
PIDEN REVISAR LA LEY DE SERVICIOS PÚBLICOS
La ley 142 debe ser revisada, los servicios públicos deben ser indelegables por parte del estado”.
Así lo manifestará hoy el senador vallecaucano Cesar Tulio Delgado, del Partido Conservador, cuando comparezca anta la Comisión Sexta del Senado el superintendente Nacional de Servicios Públicos, César González.
CONGRESO PLANTEA REFORMA ESTRUCTURAL A LA SALUD
Hacer una reforma estructural de la salud en Colombia, es el objetivo de la comisión accidental que se creó por parte del Congreso.
El presidente de la mesa de trabajo, el senador vallecaucano Mauricio Ospina, del Polo Democrático, dijo que el propósito fundamental es el de proponerle al presidente Juan Manuel Santos algunos puntos que se deben cambiar en el sistema de salud de los colombianos.
Así mismo, Ospina anunció que habrá un debate de control político sobre el tema y se invitará a debatir a distintos sectores que ayuden a encontrar los problemas que aquejan a Colombia.
EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste la mesa de la salud que creó el Congreso de la República?
MAURICIO OSPINA: Ante la insatisfacción que observamos entre toda la comunidad sobre el sistema de salud en Colombia, la última encuesta muestra que solo el 8 por ciento de los colombianos perciben como positivo el sistema de salud, el Congreso determinó montar una mesa con la finalidad de realizar una evaluación al sistema y así hacer unas proposiciones para que el Presidente las tenga en cuenta.
Por eso se hizo con todos los partidos y en las próximas semanas se comenzara a sesionar”.
ENS: ¿Quiénes la integran?
MO: Luis Carlos Avellaneda, Jorge Guevara, Juan Fernando Cristo, Gilma Jiménez, Dilian Francisca Toro, Liliana Rendón, entre otros congresistas que hacemos parte de esta mesa.
La idea es hacer una evaluación del sistema de la salud, un análisis objetivo para que se haga un cambio estructural definitivo, que en estos momentos no lo hay.
Los colombianos estamos ávidos de este desarrollo y de la manera más respetuosa le vamos a presentar las propuestas al presidente Juan Manuel Santos.
ENS: ¿De aquí saldrá un proyecto de ley?
MO: Todavía falta ver como sesiona la mesa, pero esa es la idea y para eso está constituida.
ENS: ¿Cuáles son esos puntos estructurales que debe tener el sistema de Salud?
MO:La ponencia que hice hace dos años sobre la reforma a la salud y que no fue recogida en la discusión en ese momento, serían los puntos que desearía que quedarán involucrados en un órgano rector que vigile el tema de las salud de los colombianos, un sistema que le de salud universal como un derecho a todos los ciudadanos, que entregue una regulación a los precios de los medicamentos en donde se evite la manguala de los privados y que gocemos del derecho a la salud de los colombianos, independientemente de estrato socioeconómico.
ENS: ¿Usted ya ha dialogado con la Ministra de Salud sobre estos temas?
MO:Con la Ministra tengo una relación muy respetuosa. Le notifiqué que la mesa comenzaba a sesionar, que seré el presidente de la mesa y ella me expresó que veía con buenos ojos todo el proceso que fuera para mejorar.
Lo que queremos es evitar que haya monopolios en la salud.
ENS: ¿Cada cuanto se reunirán?
MO:Eso está por definirse. La primera reunión tuvo una muy baja asistencia. Vamos a ver qué pasa en la próxima y estamos esperanzados que sea una mesa en la que además que tengamos una frecuencia bastante alta de encuentros, podamos invitar a los gerentes de las EPS, a los gerentes de los hospitales, a la academia, a los decanos de las universidades para que evaluemos lo que no funciona. Es necesario que los colombianos conozcan la verdad.
ENS: ¿Es una comisión accidental lo que se creó?
MO:Claro que sí. Y lo que pensamos hacer es tener una especie de debate de control en donde le exijamos respuestas a los gerentes y hasta a las agremiaciones.
Aquí no se salvaría nadie de explicar sus actuaciones. No con el fin de mortificar sino de encontrar soluciones.
ENS: ¿Cuál será el primer debate de control político?
MO: Después de que instalemos la mesa, nosotros queremos invitar a los decanos de las facultades de medicina del país. Ojalá de la Javeriana, de la Nacional, de la Santo Tomás y de la Universidad de los Andes.
VACANCIA Y PRESUPUESTO
Por: Hugo Quintero Bernate
Parece que con las reformas judiciales está pasando como con la Selección Nacional de Fútbol, de la que cada colombiano tiene su propia alineación y su propio modulo táctico. En esa moda, El Nuevo Siglo da cuenta del proyecto de Ley 215 de 2012 que inicia trámite por el Senado de la República, “por el cual se estatuyen las vacaciones individuales de la Rama Judicial” presentado por el senador risaraldense Carlos Enrique Soto, del Partido de la U.
Dice la información publicada por este diario que el senador estima que las vacaciones colectivas son violatorias del derecho de los trabajadores judiciales a elegir cuándo disfrutarán de su período vacacional y que además afecta la permanencia de la “función administrativa”, aparte de que contribuye a la congestión de la Administración de Justicia.
Mucho me temo que el proyecto de ley del senador Soto está condenado al fracaso, pues, para empezar, pasa por alto el costo fiscal que significaría su aprobación, sin que la información de prensa registre que el Gobierno nacional lo respalde y por tanto está dispuesto a sufragar los gastos que ocasione su vigencia.
La vacancia judicial no es generalizada, como lo pretende hacer ver el ponente del proyecto de ley, pues la mayoría de la jurisdicción penal funciona permanentemente, incluida la Fiscalía General de la Nación y los Jueces de Circuito Especializado. No es cierto que en tal época haya conflictos que se queden sin Juez o derechos fundamentales que carezcan de Juez para tutelarlos.
En cambio de ello, la relación costo-beneficio, que debe establecerse entre lo que le representaría al Estado en recursos fiscales la adopción de las vacaciones individuales para toda la Rama Judicial frente a lo que obtendría en mejoramiento del servicio público de la Administración de Justicia, no parece ser favorable al establecimiento de la medida. En realidad para el Estado las vacaciones colectivas son un excelente negocio, porque resuelve de un solo tajo el problema y en la época en la que estadísticamente el rendimiento laboral generalizado es más bajo, pues son las festividades de Navidad, año nuevo y reyes.
Una medida como la que propone el proyecto de ley es, por ejemplo, casi que inaplicable en los Juzgados de Conocimiento del sistema oral, pues ese juzgamiento se estructura sobre el principio de inmediación, de modo que el Juez que empieza el juicio es quien debe culminarlo, así que nombrar un reemplazo para vacaciones no resuelve un problema, sino que lo crea.
Pero, además, una medida de tal tenor lo que haría es agravar los problemas presupuestales de la Rama Judicial. La Fiscalía, donde funciona el sistema individual de vacaciones, vive colgada en ese rubro porque Hacienda siempre demora el giro de esos dineros.
Por eso es que allá resulta bastante común que por vacaciones del titular se encargue a un mismo Fiscal de 2 y hasta 3 despachos adicionales, con el resultado de congestionar el propio y no agilizar los ajenos.
Es mejo, como decían los abuelos, que dejen los Santos quietos.
REVISTA SEMANA
CORTE CONSTITUCIONAL FALLA A FAVOR DE CÓDIGO PENAL MILITAR
Con el fallo queda aprobado todo el articulado.
Con la sentencia el alto tribunal deja habilitado todo el articulado del Código Penal Militar.
En un fallo la Corte Constitucional declaró que el Código Penal Militar cumplió requisitos de ley por lo que rechazó la demanda de nulidad que estaba estudiando.
En el fallo se argumenta que se "cumplieron todos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios relacionados con la oportunidad del debate, en particular, la presentación con debida antelación, al comienzo del debate del informe de ponencia y del pliego de modificaciones, dando oportunidad a que los senadores conocieran la propuesta del articulado a discutir".
La Corte Constitucional analizó los temas de cada uno de los debates para confirmar que el mismo había cumplido con las votaciones. Sin embargo, el tribunal no presentó ninguna decisión sobre los cargos de falta de publicidad y de quórum "por falta de suficiencia y claridad en la fundamentación de la demanda".
El demandante consideró que el código aparentemente faltó el trámite en el debate en el Congreso de la República pero su argumentación no fue clara.
LA CIDH MANTIENE EN SU "LISTA NEGRA" A COLOMBIA
La CIDH entregó su informe sobre derechos humanos.
La Comisión considera que Colombia, Venezuela, Cuba y Honduras necesitan mejorar urgentemente su respeto a los derechos humanos. No hay cambios en esa "lista negra" respecto al año pasado.
El presidente de turno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, presentó el informe relativo a 2011 que, entre otras cuestiones, llama la atención sobre los países americanos que deben mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos.
Los cuatro países que integran esa lista, publicada en el Capítulo IV del informe, son los mismos que la CIDH mencionó en el documento de 2010, según el texto presentado por Orozco ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Respecto a Colombia, la Comisión muestra su preocupación por los "reductos no desmovilizados de las estructuras paramilitares" y la consolidación de nuevos grupos armados, junto a la comisión de ejecuciones extrajudiciales "presuntamente por miembros de la Fuerza Pública" y las escasas condenas por esos hechos.
También lamenta el "grave problema del desplazamiento interno" en el país y valora la aprobación en junio de 2011 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero al mismo tiempo señala la necesidad de implementar más medidas que fomenten la "restitución efectiva de tierras", dada la persistencia de la violencia.
Venezuela aparece por "situaciones estructurales" como las modificaciones normativas "que afectan el goce de los derechos humanos", entre las que cita la Ley Habilitante, que concede poderes especiales al presidente durante 18 meses.
Además, cita la "fragilidad del poder judicial y su falta de independencia e imparcialidad" y el "uso abusivo del derecho penal" para obstaculizar la labor de los activistas.
Cuba, por su parte, repite en el Capítulo IV porque en 2011 persistieron en el país las "restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión" y de movimiento, la ausencia de elecciones y la "falta de independencia del poder judicial", según considera el organismo autónomo de la OEA.
Entre otras medidas, la Comisión insta a Cuba a declarar nulas las condenas contra los disidentes condenados en la llamada "Primavera Negra" de 2003 y a eliminar de su Código Penal las figuras de la "peligrosidad" y la "especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos".
Honduras, incluida por primera vez en el Capítulo IV tras el golpe de Estado de 2009, permanece en el mismo debido a sus persistentes violaciones en materia de "justicia, seguridad y discriminación", según el texto.
La Comisión señala que envió el informe el pasado 22 de noviembre a los Estados mencionados para conocer sus observaciones al respecto, aunque ni Venezuela ni Cuba respondieron.